*Rafael Sandoval Arévalo

Este y otros interrogantes, los responde un esplendido estudio realizado por la Defensoría del pueblo titulado: “La tutela y el derecho a la salud ”; investigación, que con datos contundentes desmitifica y nos brinda un panorama real de la situación de la vulneración de los derechos relacionados con la salud en Colombia.

La investigación
Fue realizada por un equipo de 7 profesionales de la Defensoria; se revisaron el 25,7% (145.360 tutelas) del total de tutelas que fueron enviadas a la Corte constitucional a partir del 99 hasta el primer semestre del 2003, éste número corresponde a la totalidad de tutelas que invocaban el derecho a la salud. En el 2003 el porcentaje de tutelas por salud ya había ascendido al ¡31,6%!, si esta tendencia siguió en aumento, ¿Cómo estaremos en este momento?.
El nivel de confianza del estudio es del 95% y de error del 2%.

 

Por qué se pasan tutelas
En los cuatro primeros lugares se encuentran: por exámenes (20,1%); Cirugías (19,5%); Tratamientos (17,9%) y medicamentos (14,9%), es interesante apuntar que a partir del 2001 la estrategia de los demandantes fue empezar a solicitar “atención integral” ya que en el pasado tenían que interponer tutelas por cada servicio o medicamento que se les negaba.

 

Mitos: tutelas por no POS y por falta de semanas cotizadas

El 70% de las tutelas correspondieron a servicios que se encontraban en el POS y de las cuales el 95.2% no se hallaban limitadas por el periodo mínimo de semanas cotizadas. Al hacer un estimativo de los usuarios que hubiesen perdido su derecho a los servicios que estaban incluidos en el POS es decir que el sistema estaba en la obligación de brindárselos y por los cuales las entidades que los negaron ya habían recibido un pago, se llegó a la cifra de 87.300 personas o el 71% de todas las tutelas de salud. ¿A donde van a parar los miles de millones de pesos que las entidades reciben por prestar los servicios POS y que los están negando?, ¿Quienes son cómplices de este robo continuado y estratégico?. Si se analizan las cuatro principales causas de tutelas esta constante de negación se mantiene y las cifras lo demuestran en forma contundente: En exámenes el 79.6% estaban incluidos en el POS y el 98.5% contaban con el periodo mínimo de cotización; En cirugías el 82% estaban incluidas en el POS y el 94,9% tenían los periodos mínimos de cotización; En tratamientos el porcentaje es aún más escandaloso, el 90,8% se encontraba en el POS y el 95,8% tenia los períodos mínimos de cotización, y seguimos: en medicamentos el 53% estaban incluidos en el POS y lo más asombroso ninguna de las tutelas revisadas les faltaba periodo mínimo de cotización.

Definitivamente estas cifras son vergonzosas para el país; tal como lo dice la Defensoría: “La gravedad y cronicidad del estado de cosas descrito indica que, en algunos aspectos, el sistema opera libre de vigilancia y control”. ¿Qué esta haciendo la Superintendencia al respecto?, ¿Qué podemos esperar del Ministerio mal llamado de la “protección”?; ¿Qué hubiese ocurrido si los pacientes no contásemos con el recurso de la tutela?; ¿Quien indemnizará al sistema judicial por este desgaste al que lo llevan las entidades que prestan los servicios de salud? Y las preguntas no acaban allí, recordemos que la mayoría de los pacientes no conocen sus derechos, no saben diligenciar una tutela ni a donde acudir a reclamar, es decir que el problema es mucho mayor al que esta evidenciando esta investigación, porque solamente analiza un sector mínimo de la población que conoce sus derechos y acude a la tutela, ¿Y los demás?, ¿Quien alzará las voces por los pacientes que enferman y mueren sin conocer ni reclamar sus derechos?, ¿Cuando se investigará al respecto?.

Es un mito que se estén solicitando cosas sofisticadas y costosas que no están en el POS, es un mito que las personas no cumplen con las semanas cotizadas para reclamar los servicios a los que tienen derecho. El sistema no se va a quebrar por las demandas realizadas en las tutelas, los que se van a quebrar de guardar tantos millones, son los bolsillos de las entidades de salud.

Más datos
Las entidades más demandadas son las EPS, con el 73,1% de los casos, le siguen los entes territoriales con el 11,4%, entidades particulares con el 5,7%, otras entidades del Estado 3,6% y ARS con el 3,1%. De las EPS más demandas se encuentran en los tres primeros lugares: Caprecom, Cajanal e Instituto de Seguros Sociales (¡las tres son EPS publicas!), le siguen Salud Vida y Solsalud, todas estas EPS, han hecho de la tutela un requisito fundamental para la atención.

Conclusiones

Cito textualmente una conclusión de la investigación: “Consecuente con los resultados del presente estudio, cabría la declaratoria del “estado de cosas inconstitucional” en materia de salud. Conforme a esta figura, la Corte podrá comprobar que la vulneración del derecho puesta a su consideración tiene un carácter generalizado y obedece a factores de naturaleza estructural. Con este fundamento la Corte Constitucional podrá dictar órdenes de naturaleza mucho más general y de fondo. En el presente informe se demostró la afectación del derecho a la salud en cerca de 87.000 casos, que vinculan en altísima proporción a promotoras públicas, sin que se haya registrado –para esos casos--una actuación pertinente de las autoridades administrativas de vigilancia.”

Recomendaciones:

Cito textualmente las dos más importantes:

1. Fortalecer el mecanismo de tutela del derecho a la salud, que hoy es el único elemento de protección con que cuentan los usuarios de los servicios médico asistenciales, circunstancia que se demostró ampliamente a lo largo del presente trabajo.

2. Recordar que una de las mayores fuentes de vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluyen el derecho a la salud - surge de los actos de omisión del Estado, entre los cuales cabe destacar “la falta de vigilancia de su efectividad”. (Directrices de Maastricht sobre violación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1997)